El nuevo proyecto de reforma es fruto de la pedagogía logse con todas sus consecuencias. Ahora bien, las que más me preocupan, como profesional que vive y sufre día día sus frustraciones y la de los alumnos y padres, son tres:

a) El menosprecio del esfuerzo y la excelencia, de manera que los alumnos con una motivación firme para aprender se sienten muchas veces preteridos por nuestras actuaciones, puesto que nos vemos obligados a prestar más atención -con la pérdida de tiempo correspondiente- a aquellos alumnos que incordian y, salvo en raras ocasiones, sin resultados positivos para nadie.

b) El declive del rendimiento académico y el aumento del desnivel entre la ESO y el BACHILLERATO. Me explico: dar facilidades para promocionar al curso siguiente no va a solucionar el problema de los suspensos, principalmente por dos razones: el porcentaje de alumnos que suspenden cuatro o más es del cincuenta por ciento o más, según centros. De modo que no variará el porcentaje de alumnos que actualmente está accediendo en los últimos años al Bachillerato, ni, lo que es peor, mejorará su nivel de competencias.

Todos los esfuerzos que estamos haciendo actualmente los profesores y padres interesados y empeñados en que los alumnos aprendan, al amparo de los pocos artículos vigentes de la LOCE, se van a ir al garete. Porque no existe la permanencia equilibrada en la mediocridad, es decir, el ser humano o mejora o se estraga.

¿A qué centros, por tanto, llevarán sus hijos los padres motivados y con grandes  expectativas morales e intelectuales para sus hijos?      

c) La negativa a anticipar los programas especiales de iniciación laboral para los alumnos con quince o catorce años contribuirá a incrementar el abandono prematuro del sistema educativo, con todas las lacras que genera este fenómeno actual: marginalidad, conflictividad social, iniciación temprana en conductas delictivas o de riesgo para la salud... Es cierto que en el preámbulo del anteproyecto se menciona la posibilidad excepcional de que un alumno con quince años pueda incorporarse a los programa de cualificación e iniciación profesional, pero en el articulado correspondiente, tal excepcionalidad se omite. 

En consecuencia, una ley que debería mirar sólo exclusivamente por la promoción de las personas, y en particular de las más desfavorecidas, en realidad va a propiciar que la situación actual se perpetúe, lo cual implica el incremento de la degradación del sistema educativo público. Esto explica que los centros concertados y privados vean el panorama con bastante optimismo, a pesar de todo.